Recientemente el Comité de Representantes de los países miembro de la Unión Europea ha dado su visto bueno a la actualización de la Directiva de Reutilización de la Información del Sector Público. Aunque todavía habrá que esperar al trámite de su aprobación por el Parlamento Europeo en Junio, es de esperar que no se produzcan cambios ni retrasos significativos.

En general la nueva Directiva supone un avance respecto a la directiva anterior del 2003 y un nuevo paso adelante en la estrategia Open Data de la Unión Europea, destacando la intención general de la actualización:

“Una vez implementada la nueva Directiva establecerá un derecho legítimo sobre la reutilización de la información pública que no estaba presente en la Directiva del 2003” – Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Unión Europea.

No obstante, tras un primer análisis inicial por parte de la comunidad parece que sigue también habiendo algunos puntos mejorables, por ejemplo:

• Existe la posibilidad de cargar costes marginales en el tratamiento de los datos y mantener otros modelos adicionales de ingresos mediante tasas cuando sean de aplicación en casos concretos con normativas propias.
• En general se permite la aplicación de cualquier tipo de tasas, siempre que se justifique y se aplique de forma transparente, ignorando los efectos negativos que la aplicación de tasas tiene sobre la reutilización o los beneficios indirectos adicionales que una mayor apertura de los datos puede proporcionar.
• Los formatos abiertos y legibles por máquinas serán obligatorios, pero siempre que sea posible y apropiado. Un matiz que sin duda dará lugar a distintas interpretaciones que permitan saltarse la regla general.
• Se mantienen los acuerdos exclusivos de explotación de los datos siempre que sean por el bien del interés público. Lo que en la práctica supone la posibilidad de perpetuar estos acuerdos.

En cualquier caso, también existen puntos muy positivos, como la garantía de que los documentos afectados por las libertad de información deben ser no únicamente accesibles, sino también reutilizables, las mejoras sustanciales en los mecanismos de reclamación para garantizar su independencia, la promoción de licencias únicas, automatizables y estándar para todos los organismos dentro de un mismo estado miembro o la ampliación de la directiva al ámbito cultural.

Por tanto, y aunque tengamos todavía un par de años de transposición por delante una vez aprobada por el Parlamento, en general la Directiva supone un nuevo avance del Open Data en la Agenda Digital Europea, y por tanto bienvenida sea. Estaremos pendientes también de cómo se lleva a cabo la transposición de la Directiva en el caso de España y el impacto que tendrá sobre la actual Ley de Reutilización del Sector Público.